Mujeres en peligro: Vulnerables en la irregularidad administrativa.

8M 2025

La irregularidad administrativa, también conocida como “no tener papeles“, implica estar en un país sin
autorización legal, lo que a menudo invisibiliza a las personas migrantes y limita su capacidad para
desarrollar una vida plena. La “ilegalidad” puede conducir rápidamente a una circunstancia de peligro y
vulnerabilidad, una condición que atraviesa y marca profundamente la vida de las personas migrantes,
dejándolas en una situación de aislamiento. En vísperas del 8M, ponemos el foco en las mujeres que
enfrentan la irregularidad.

En nuestro día a día, las abogadas de extranjería trabajamos con personas migrantes que representan
diferentes circunstancias sociales y presentan una amplia diversidad de historias y motivos de
migración. Desde el ejercicio de nuestra profesión, nos damos cuenta de lo invisibilizadas que pueden
estar muchas de las situaciones de vulnerabilidad derivada de la irregularidad administrativa. La falta de
atención hacia estas realidades permite que surjan problemas como la precariedad, el miedo, la
violencia, el peligro y la soledad. En el caso de las mujeres, las vulnerabilidades se manifiestan en
formas específicas y agravadas de violencia, que se entrelazan con su género, origen, etnia y estatus
migratorio, acumulando distintos tipos de discriminación.

Entre las violencias que enfrentan estas mujeres, destacan la captación por redes de trata con fines de
explotación sexual y otras formas de violencia sexual que surgen en contextos de precariedad
económica. La falta de “papeles” también las expone a mayor explotación laboral en sectores altamente
precarizados (y feminizados), donde la promesa de regularizar su situación migratoria se utiliza como
herramienta de sometimiento. Las responsabilidades vinculadas a la crianza y al cuidado de los hijos e
hijas, agravan su vulnerabilidad, aumentando el desamparo y los riesgos que afectan tanto a las mujeres
como a las personas a su cargo. Además, las dificultades de acceso a una vivienda digna generan
inestabilidad y violencia habitacional, lo que intensifica las vulnerabilidades y desencadena graves
problemáticas sociales.

También es importante destacar la violencia institucional que enfrentan las mujeres en situación de
irregularidad administrativa. El temor a posibles represalias debido a su estatus migratorio las disuade
de presentar denuncias ante la Policía, incluso en casos de violencia de género, o de acceder a
servicios básicos como la atención sanitaria. Este miedo, sumado a la xenofobia y al racismo estructural,
agrava su exclusión social, perpetuando su exposición a la violencia y su desprotección, así como la de
su entorno.

Para hacer frente a estos peligros es esencial construir redes comunitarias que actúen como espacios
de apoyo, cuidado y protección social de la mujer migrante. Estas redes pueden facilitar la detección y
prevención de estas formas de violencia y ayudar a crear entornos más seguros, no solo para las
personas migrantes en situación de irregularidad, sino también para la sociedad en su conjunto.
Paralelamente, resulta crucial diseñar y aplicar políticas públicas que integren una perspectiva de
género en el análisis de las vulnerabilidades ligadas a la irregularidad administrativa. Solo así será
posible avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con los derechos de todas las
personas.

Laura Sáinz i Rodríguez
Abogada socia fundadora de Dioko Advocades SCCLP.