Comunicado sobre la emergencia climática y los desafíos de la gobernanza democrática

En 2024, el informe del Programa Copernicus de la Unión Europa evidenció que se ha superado la barrera de los 1,5 °C de calentamiento global, con una trayectoria que indica un riesgo creciente de aproximación a los 2 °C. Este escenario de riesgo subraya la urgencia de replantear de manera integral no solo las políticas de reducción de emisiones y la transición energética, sino también la estructura subyacente del modelo económico contemporáneo, dado que los patrones de producción y consumo constituyen factores determinantes de la crisis climática.

Es más, a pesar del consenso científico y de la creciente movilización ciudadana, las iniciativas implementadas por los gobiernos y la presión ejercida por parte de la sociedad civil han resultado insuficientes para generar transformaciones profundas en cuanto a las consecuencias del cambio climático. En particular, nos encontramos que las democracias enfrentan desafíos estructurales complejos: la coexistencia de intereses contrapuestos, los ciclos electorales y los cortoplacismos, la burocracia y las presiones ejercidas por diversos actores económicos, políticos y mediáticos, entre otros, obstaculizan tanto la construcción de consensos como la adopción efectiva de políticas ambientales. Y en este sentido, dicho contexto ha generado debates sobre la aparente eficacia de regímenes autoritarios para implementar de manera rápida y decisiva medidas medioambientales. No obstante, la evidencia empírica demuestra que la aplicación de políticas estrictas en contextos autoritarios puede no únicamente implicar violaciones significativas de derechos humanos sino restricciones sustanciales a las libertades fundamentales, como lo muestran ciertas estrategias de mitigación adoptadas en China.

Si bien los mecanismos democráticos suelen presentar limitaciones temporales en la implementación de políticas (por ejemplo el cortoplacismo), aseguran principios fundamentales de participación ciudadana, deliberación pública y control institucional, elementos que previenen la adopción de soluciones coercitivas que, aunque pueden parecer eficaces a corto plazo, generan consecuencias imprevisibles y potencialmente perjudiciales para el Estado de bienestar, para los derechos fundamentales y para la propia integridad del Estado de derecho. De hecho, diversos estudios sugieren que los regímenes democráticos presentan una mayor correlación con políticas ambientales sostenibles, incluso si los resultados actuales frente al cambio climático continúan siendo insuficientes.

En consecuencia, la emergencia climática exige no solo una acción inmediata y decidida, sino también un compromiso con los principios democráticos y la justicia social. Las democracias contemporáneas deben adaptarse y fortalecer sus mecanismos de gobernanza para enfrentar los desafíos que plantea el cambio climático, integrando la sostenibilidad ambiental con la equidad, la justicia climática, la protección de los derechos fundamentales y la participación activa de la ciudadanía. En última instancia, la lucha contra el cambio climático trasciende los desafíos técnicos y se configura como un imperativo político que demanda debates abiertos, soluciones inclusivas y transformaciones profundas en los sistemas económicos, sociales y de gobernanza. La articulación efectiva de estos elementos resulta indispensable para garantizar políticas ambientales sostenibles que sean legítimas, equitativas y compatibles con los valores democráticos.